Si alguien creía que el nervio legislador del Gobierno iba a calmarse en la última etapa de la legislatura, estaba equivocado, ya que el Ejecutivo está tramitando a toda velocidad un gran número de proyectos de ley.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría y el ministro de Justicia, Rafael Catalá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el 13 de marzo de 2015. Foto: lamoncloa.gob.es
Entre ellos, los presentados en marzo y que ya están camino del Senado, el Proyecto de Ley de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales y el Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica.
La semana pasada se votaron en comisión de Justicia las enmiendas a ambos proyectos y se aprobaron los textos en su conjunto, mientras que este jueves también se han votado enmiendas y se ha dado la aprobación a ambos textos. Todas las enmiendas aprobadas y rechazadas pueden verse aquí.
El dictamen del proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales fue aprobado con los votos del Partido Popular y UPN y las abstenciones de FAC, CiU y el PNV.
Votación del proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales. Imagen: Qué hacen los diputados
Por su parte, el proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica fue aprobado también con los votos a favor de Partido Popular y UPN y las abstenciones de FAC, Bizente Serrano (GBai), Ana Oramas (CC), CiU y PNV. El diputado del PSOE que votó a favor, Juan Moscoso, nos confirmó que se trató de un error y suponemos que ocurrió lo mismo con la votación a favor de Cares Pàramo (CiU).
Votación del proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica. Imagen: Qué hacen los diputados
Ambos proyectos de ley han generado críticas, principalmente por la amenaza que, se cree, va a suponer para la libertad de información. Las principales limitaciones que supondrán ambos textos han sido expuestas por el director legal de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información, Carlos Sánchez Almeida:
– Instalación de troyanos: Los jueces podrán ordenar la instalación de programas espía para investigar cualquier delito en la red según el artículo 588 septies a. La PDLI denuncia que la actual redacción de la norma es excesivamente genérica como para legitimar una medida tan excepcional.
– Agentes encubiertos: La ley crea la figura de los “agentes encubiertos informáticos” que, además, podrán intercambiar archivos ilícitos. Se trata de dos nuevos apartados que se añaden al actual artículo 282 y que permiten que agentes de la policía puedan, con autorización judicial, “actuar bajo identidad supuesta”.
Además, se podrán obtener imágenes y la grabar de las conversaciones “en los encuentros previstos entre el agente y el investigado, aun cuando se desarrollen en el interior de un domicilio”.
– Instalación secreta de dispositivos de localización: La ley contempla la posibilidad de instalar “dispositivos o medios técnicos de seguimiento y localización”, lo que se podrá hacer, por un límite de 24 horas, incluso sin contar con autorización judicial, según el nuevo artículo 588 quinquies b.
– Procedimientos secretos: El derecho de defensa se ve seriamente amenazado con algunas de las novedades que introduce la ley, como la posibilidad de negar al detenido o a su acusado “el acceso a las actuaciones”, tal como contempla el artículo 527 del Proyecto de Ley. Algo que, para Sánchez Almeida, “nos devuelve a los procesos secretos de la Inquisición”.
– Criminalización de Internet: Para la PDLI “con la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil se cierra el círculo de la criminalización de Internet. Abre la puerta a medidas excepcionales que podrán aplicarse a quien exprese una opinión en Internet, filtre documentos, comparta archivos P2P o lleve a cabo acciones de protesta online. Es decir, todos los nuevos delitos que introduce el Código Penal, rechazado incluso por Naciones Unidas”.
Aparte, PP y CiU pactaron una enmienda transaccional que evitará que salgan imágenes en los medios de comunicación de los detenidos antes de ser juzgados: “Se deberán adoptar las medidas necesarias para asegurar el respeto a sus derechos constitucionales, al honor, intimidad e imagen en el momento de practicarse así como en traslados ulteriores”.
El Gobierno también acabará aprobando por ley que se sustituya el término “imputado” por el de “investigado” para las primeras fases del proceso y, según vayan aumentando los indicios o se consoliden las pruebas contra el acusado, este pasaría a llamarse “encausado”, según recoge El Diario.